Quedó sin efecto la ley aprobada por la Legislatura provincial que pretendía detener el proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial, luego de que el Poder Ejecutivo resolviera vetarla por considerar que contradice principios constitucionales y altera un procedimiento institucional ya iniciado.
La decisión sostiene que la convocatoria a la reforma no puede interpretarse como una ley ordinaria, sino como la puesta en marcha de un mecanismo especial previsto expresamente por la Constitución, el cual ya había sido habilitado mediante la declaración de necesidad y el correspondiente llamado a elecciones de convencionales constituyentes.
Desde el Ejecutivo se argumentó que la medida impulsada en la Legislatura intentaba interrumpir un proceso institucional en curso y que eso podría afectar derechos políticos vinculados a la participación ciudadana y a la posibilidad de elegir representantes para debatir modificaciones en la Carta Magna provincial.
El ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, cuestionó la iniciativa legislativa y afirmó que la convocatoria a la reforma “forma parte de un proceso constitucional” que no puede ser revertido mediante una norma común.
Además, remarcó que ya existe un cronograma electoral en marcha y que suspenderlo de manera intempestiva generaría incertidumbre institucional y conflictos jurídicos vinculados a los derechos electorales de los ciudadanos.
Entre los fundamentos del veto también se señala que permitir la interrupción de procesos constituyentes ya convocados abriría la puerta a que futuras mayorías legislativas modifiquen decisiones institucionales trascendentales según coyunturas políticas momentáneas.
De esta manera, continuará vigente el proceso orientado a debatir una eventual reforma parcial de la Constitución Provincial, manteniéndose la convocatoria para que la ciudadanía participe a través de la elección de convencionales constituyentes.
