El tiempo que transcurre desde que comienza una causa judicial hasta que culmina es una cuestión que es bien conocida por los profesionales del derecho y los operadores judiciales, pero también por cualquier ciudadano que necesita recurrir a los tribunales para obtener una solución a una controversia y se encuentra con que el calendario corre pero las causas no avanzan.
Según el abogado Sergio Gomez «un juicio de desalojo por un inquilino que deja de pagar puede llevar al menos seis meses y, en ciertos supuestos, duplicar o triplicar ese tiempo. Una causa penal por delitos menores, desde la etapa inicial de instrucción hasta la finalización del juicio oral, sin contar eventuales instancias de apelación, puede consumar entre dos y cuatro años según la jurisdicción.»
En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado y reiterado a los tribunales inferiores del país y de las provincias, la obligación de cumplir con la garantía de plazo razonable, que se encuentra reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuyo incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad internacional del Estado argentino.
En el ámbito tribunalicio, al igual que entre los organismos que nuclean a los abogados matriculados, suele haber coincidencias en torno a las causas del problema y, también, respecto a sus posibles soluciones.
La falta de infraestructura judicial es, sin lugar a dudas, uno de los principales elementos que generan abarrotamiento en los tribunales y esto se debe, en gran medida, a que el 95% del presupuesto del Poder Judicial se destina a cubrir los sueldos de magistrados, funcionarios y empleados, en tanto que únicamente el 5% restante tiene por finalidad cubrir los gastos que insume el mantenimiento, reparación y refacción de edificios, la modernización y ampliación de los sistemas informáticos, o la adquisición de insumos destinados a satisfacer las demandas propias del funcionamiento de la administración de justicia.
El camino hacia la despapelización e informatización podría ser una forma de revertir la lentitud de un sistema colapsado, dejando de lado un sistema que nació en el Siglo XIX y casi no ha aprovechado las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación para los aspectos sustanciales.
Hoy en día, todavía es común que los expedientes se cosan a mano, se trasladen entre juzgados en carretillas y se apilen interminablemente dentro de los edificios, al punto de haberse registrado casos donde quedó en riesgo de derrumbe la estructura edicilia de los juzgados, por no estar preparadas para soportar el peso de toneladas de papeles.
Otra solución, según abogados y consultores especializados en asuntos judiciales, es el progresivo tránsito hacia procesos legales con mayor lugar para la oralidad, dejando de lado los formalismos y el excesivo rigor que imponen las tramitaciones escritas. La implementación de nuevos códigos procesales que opten por juicios principalmente orales es una tendencia que va ganando lugar en las distintas provincias argentinas, especial aunque no exclusivamente, en el ámbito de la justicia penal.
En el último año, varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires adoptaron el juicio por jurados, que es un claro ejemplo de procesos orientados a la celeridad, la informalidad, la desburocratización y la rapidez, bajando el tiempo tradicional de los juicios orales, que podían insumir años, a unos pocos días o semanas.
Asimismo, la implementación de más instancias alternativas para la resolución de conflictos, tales como las mediaciones prejudiciales o privadas, o incluso el arbitraje, son otras de las posibilidades con las que cuenta el sistema para revertir la lentitud de la justicia, al permitir que ciertas controversias puedan solucionarse sin tener que alcanzar la etapa de litigio.
No debe olvidarse la frase acuñada por un reconocido abogado procesalista uruguayo, que poco a poco se convirtió en dicho popular y que sostiene que, cuando la Justicia es lenta, deja de ser justa. La ineficacia de la justicia y la excesiva tardanza en su labor de aplicar el derecho para determinar lo que corresponde ante cada caso concreto lesiona uno de los derechos humanos fundamentales que tienen reconocidos todos los habitantes de nuestro país: el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de sus pretensiones, reclamos y necesidades.
