El Gobierno provincial intimó a la empresa Británica Harland and Wolff por la construcción de un puerto  en Malvinas  

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, intimó por medio fehaciente a la empresa Harland and Wolff -con sede en el Reino Unido- por pretender llevar adelante la construcción de un nuevo puerto en las Islas Malvinas sin la debida intervención y autorización por parte de las autoridades provinciales.

El Ministerio de Producción y Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley Nº 55, en un trabajo articulado con la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, realizó la intimación de conformidad al Convenio de la Haya de 1965 sobre Comunicación o Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial (aprobado por Ley 25.097). Expresamente se emplazó a Harland and Wolff a través de la autoridad central británica y de conformidad con el artículo 10 del mencionado Convenio, para que en un plazo de noventa días hábiles cumpla con lo estipulado en la Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, en la Ley Provincial N° 55 y en la Ley Provincial N° 1.126, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.

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Al respecto, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, especificó que “la contratación de la empresa Harland and Wolff por parte del ilegítimo y pretendido gobierno isleño para llevar adelante esta obra se encuadra en la pretensión británica de establecer la infraestructura destinada a transformar el puerto de las Islas Malvinas en un centro de soporte logístico, a efectos de avanzar en la explotación ilegal de los recursos naturales que pertenecen a todos los fueguinos y fueguinas, representando además una violación flagrante de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando por el proceso de descolonización”.

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“Es por ello que al igual que en el año 2021, cuando el gobierno británico intentó una maniobra similar a través de la empresa Bam Nuttall y la provincia intimó a la misma, se procedió a tomar las acciones legales correspondientes en pos de garantizar nuestros derechos e intereses provinciales”, recalcó el funcionario.