Al cumplirse 8 años de su desaparición física la figura de Alfonsín no hace más que agigantarse.
Hace muy poco los argentinos celebramos el día de la memoria. La plaza de mayo fue copada por partidos políticos y organizaciones que recuerdan la fecha en que dio comienzo la noche más negra de la Argentina hace justo 41 años.
El 24 de marzo de 1976 comenzaron siete años de terrorismo de estado. Siete años de gobierno sin constitución, sin justicia y sin ley. Siete años de censura, de persecución política y de muerte. Siete años en los que había que cuidarse de decir lo que pensábamos, andar leyendo a escondidas y escuchando los noticieros de países vecinos para intentar comprender un poco lo que estaba pasando.
Siempre me pareció extraño que celebremos a la memoria los 24 de marzo. Esta fecha se ha instituido por ley. Ley que yo jamás habría votado. La verdad es que nunca me pareció bien conmemorar una fecha nefasta. Hubiese preferido que los argentinos recordáramos esa época tan tremenda y dolorosa otro día, por ejemplo, aquel en el que Ernesto Sábato le entregó al entonces Presidente Raúl Alfonsín el informe que dio sustancia al Juicio a las Juntas Militares y le permitió al Fiscal Julio César Strassera pronunciar su emocionante alegato que terminó con las palabras “Nunca Más”.
A ocho años de su partida vale la pena refrescarle a los desmemoriados y enseñarle a quienes no lo conocieron quién fue Don Raúl Alfonsín y qué hizo durante su gestión en favor de los Derechos Humanos.
Alfonsín y el pueblo argentino fueron los verdaderos artífices de la recuperación de la memoria y de la puesta en valor de la democracia y los de Derechos Humanos. Don Raúl, en realidad, había empezado antes que nadie defendiendo a presos políticos, metiendo hábeas corpus y jugándose el pellejo cuando los militares aún usurpaban el poder.
Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. Cinco días después sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. Ese mismo día, 15 de diciembre de 1983, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada ley de auto-amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040 siendo la primera ley de la nueva etapa democrática.
La CONADEP trabajó incansablemente revolviendo en el horror desde el 15 de diciembre de 1983 hasta ese 20 de septiembre de 1984. Gracias a su trabajo realizado por prestigiosas figuras democráticas y de nuestra cultura como Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú, el rabino Marshall Meyer y el obispo Jaime de Nevares, elaboró un informe que probó la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en el país a partir del 24 de marzo de 1976. Este documento se transformó en una pieza clave para el Juicio a las Juntas realizado en 1985.
Nadie puede negarle a Don Raúl la progresista y visionaria manera de entender que sin verdad, memoria y justicia no se podían sembrar cimientos éticos perdurables a la democracia que, entre todos, estábamos recuperando. Él sabía que sin revisar el pasado y enjuiciar a los culpables la historia se podía volver a repetir. Y así fue como promovió el Juicio a las Juntas, un hecho histórico sin paragón en el mundo que fue un ejemplo de transparencia, defensa legal y castigo ejemplar. Juicio que se realizó cuando las papas quemaban y no 20 años después cambiando cuadros de lugar o persiguiendo judicialmente a genocidas en vías de extinción. Alfonsín lo hizo cuando los dinosaurios todavía gozaban de una oscura red de poder y complicidades impresionante.
El juicio a las juntas se llevó a cabo entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se revisaron 281 casos y la sentencia condenatoria llegó el 9 de diciembre de ese mismo año dictando la reclusión perpetua para Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera, fijando 17 años de prisión para Roberto Viola, 8 para Armando Lambruschini y 4 Orlando Ramón Agosti.
La juventud de hoy debería comprender que el gobierno de Alfonsín no constituyó una democracia tutelada sino una democracia amenazada. La juventud de hoy tiene que saber que en aquel entonces el país vivió al borde de una guerra civil que Alfonsín consiguió evitar cediendo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Días como el de la memoria deben servir para no olvidar, para recordar y para hacer un esfuerzo que nos permita ir poniendo cada pieza de nuestra historia en su lugar. Y en este contexto Alfonsín fue, es y será una pieza descollante.
Pasaron los años, cambió el gobierno y Carlos Menem, que forzó a Don Raúl a entregar el gobierno de forma anticipada, fue quien inmediatamente indultó a los genocidas y a los líderes de las organizaciones guerrilleras. Resulta cuando menos muy curioso que al radicalismo alfonsinista se le haya hecho pagar un precio más alto que al justicialismo menemista que impulsó estos indultos aberrantes.
El Alfonsín que recuerdo es aquel hombre íntegro que cedió para asegurar la democracia; es el Alfonsín de las Cajas PAN para combatir el hambre, el que impulsó el Congreso Pedagógico para mejorar la calidad de la educación pública, el que llevó a cabo el Plan Nacional de Alfabetización, el que elevó al congreso la Ley de Divorcio y el de la Patria Potestad compartida. Fue el que mantuvo una política exterior independiente y de integración latinoamericana fundando el MERCOSUR, el que firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile y el que promovió el plebiscito por el Canal de Beagle cuando en la nación hermana todavía gobernaban los militares. También fue Alfonsín el que quiso democratizar por ley a los sindicatos y le hicieron 13 paros generales. Alfonsín permitió la Reforma de la Constitución de 1994 y, en su momento, fundó el Consejo para la Consolidación de la Democracia.
Para los que no lo saben o les falla la memoria quisiera recordarles que en el año 1987 la Ley 23.531 impulsada por Alfonsín creó el Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo autónomo y autárquico que comenzó a funcionar en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand. Este organismo fue y continua siendo central para garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983. Gracias a esta iniciativa de Don Raúl se ha logrado la identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas, apropiados y nacidos en cautiverio. Asimismo, este organismo colabora con la justicia y con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
Como vemos, la obra de Alfonsín fue monumental tanto en el plano de los derechos humanos como en el de su contribución al afianzamiento democrático en el país y en la región. Por eso su ausencia lo hace más presente que nunca y su legado, la democracia misma, es lo que tenemos que cuidar.
