La Obra Social del Estado Fueguino atraviesa una nueva etapa de reorganización interna, marcada por cambios en su conducción y la implementación de un conjunto de medidas orientadas a mejorar su funcionamiento y sostenibilidad.
En este marco, Gustavo Andrés García fue designado como titular del organismo, en reemplazo de Mariana Hruby, quien accedió a la jubilación ordinaria. A su vez, el doctor Jorge Antonio Giménez se incorporó como vocal, completando así una renovación parcial del equipo directivo en un momento considerado clave para la institución.
La nueva conducción asume en un escenario atravesado por dificultades financieras que han impactado en la prestación de servicios. Frente a este contexto, se busca profundizar un proceso de reordenamiento con el objetivo de optimizar recursos, garantizar la continuidad de las prestaciones y avanzar hacia un modelo más sustentable.
Entre las principales acciones previstas, se destaca la revisión integral de la estructura interna, con el propósito de reducir la planta política, reorganizar funciones y fortalecer áreas estratégicas. Asimismo, se realizará un relevamiento detallado de la deuda con prestadores, con corte al 31 de marzo de 2026, para contar con un diagnóstico preciso que permita encarar un esquema de pago acorde a las posibilidades financieras.
También se prevé la implementación de topes presupuestarios por prestador, con el fin de ordenar la facturación y mejorar el control del gasto, junto con la promoción de acuerdos bajo modalidad de monto fijo y herramientas que regulen la demanda asistencial.
Otro eje central será la negociación directa con el sector farmacéutico, buscando mejores condiciones de compra y acceso a medicamentos. En paralelo, se pondrá en marcha un sistema de compra directa para garantizar cobertura total de insumos y fármacos destinados a afiliados en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, pacientes de salud mental y electrodependientes.
El plan contempla además el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría médica y administrativa, con especial atención en la pertinencia de las prácticas y el control de derivaciones fuera de la provincia. A esto se suma la implementación de un régimen obligatorio para el recupero de gastos en aquellos casos en que las prestaciones estén vinculadas a responsabilidades de terceros o aseguradoras.
Este conjunto de medidas busca no solo atender la situación actual, sino también sentar las bases de una transformación estructural que permita consolidar una obra social más eficiente, transparente y previsible, garantizando el acceso a la salud de sus afiliados en el mediano y largo plazo.
