En la sede de la Dirección General de Aduanas en Río Grande se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), donde la situación crítica de la industria textil fueguina se convirtió en el eje central de los debates.
El encuentro, encabezado por la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, reunió a representantes del Gobierno provincial, de la Dirección General de Aduanas (AFIP), de la Secretaría de Industria y Hacienda de la Nación, de la Unión Industrial Fueguina (UIF), la UOM, ASIMRA y la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), entre otros actores clave del sector productivo.
Si bien la agenda incluía trámites técnicos vinculados a acreditaciones de origen, dispensas y autorizaciones de producción, la preocupación mayor giró en torno al impacto de las medidas nacionales sobre el sector textil, históricamente generador de empleo en la provincia.
La aplicación del Decreto 594/23, que endurece las condiciones para acceder a beneficios fiscales, afecta directamente a las empresas textiles, altamente dependientes de un marco regulatorio estable. Uno de los casos más delicados es el de Australtex S.A., que enfrenta un freno a su operatoria debido a la negativa de la Subsecretaría de Gestión Productiva de aceptar acreditaciones de origen con insumos nacionales, lo que impide acceder a beneficios de exportación. La firma se encuentra amparada bajo una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Grande, que suspendió los efectos de la Resolución SIyC N.º 287/24.
La ministra Fernández, acompañada por referentes gremiales e industriales, subrayó la gravedad del escenario: “Es necesario comprender la coyuntura que atraviesa el país y el sector, para definir medidas urgentes que nos permitan sostener el empleo, preservar la industria y garantizar la continuidad de un sector clave para Tierra del Fuego”.
En este marco, se solicitó el diferimiento en el tratamiento de algunas acreditaciones de origen, ante la imposibilidad de cumplir con los niveles de integración nacional por falta de proveedores locales. La propuesta recibió respaldo del Gobierno provincial y de las cámaras empresariales.
Desde la CAFIN advirtieron: “El sector textil no puede esperar. La inacción pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, y compromete un entramado productivo construido durante décadas”.
El reclamo conjunto busca que el Gobierno nacional revise las condiciones impuestas por la normativa vigente, cuyo impacto podría extenderse no solo a las textiles, sino al conjunto del parque industrial fueguino.
