En un giro significativo en materia migratoria, el Gobierno nacional oficializó una serie de reformas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de modificar el actual régimen de ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Según informó la Oficina del Presidente Javier Milei, la medida busca ordenar el sistema migratorio, evitar abusos en el uso de servicios públicos y garantizar que quienes residan en Argentina lo hagan conforme a la ley.
Entre los cambios más destacados, se establece que ningún extranjero con antecedentes penales podrá ingresar al país, y aquellos que cometan delitos durante su estadía serán deportados. La nueva normativa también impone el requisito de contar con un seguro médico para los extranjeros al momento de ingresar al país, tras argumentar que en 2024 el Estado destinó alrededor de 14 mil millones de pesos en atención médica a personas extranjeras.
En el ámbito educativo, se faculta a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes que no posean residencia permanente. No obstante, se mantiene la gratuidad de la educación primaria y secundaria para todos los residentes.
Respecto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, se endurecen las condiciones: solo se otorgará a quienes hayan vivido de forma continua en el país durante al menos dos años o realicen una inversión económica significativa. Además, deberán acreditar medios de vida y no contar con antecedentes penales.
Desde el Ejecutivo se sostiene que estas decisiones apuntan a “reordenar el sistema y proteger el esfuerzo de los contribuyentes argentinos”, diferenciando entre quienes ingresan para trabajar y aportar al país, y quienes –según el comunicado– solo buscan beneficiarse de recursos públicos sin integrarse al sistema formal.
El texto concluye con un mensaje directo: “En este país, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
