La ministra de Desarrollo Social, Lucía Rossi, habló sobre la manifestación que se lleva adelante frente a las oficinas del área de Niñez y explicó cómo se interviene en los procesos de revinculación familiar que se encuentran bajo seguimiento judicial.
Sin referirse a situaciones particulares, la funcionaria remarcó que no es posible brindar detalles cuando existen expedientes en trámite y están involucrados niños y adolescentes. Señaló que el organismo tiene como principal responsabilidad garantizar que sus derechos sean respetados.
Rossi explicó que el área mantiene un trabajo permanente con los juzgados de familia y que su intervención incluye evaluaciones, informes y recomendaciones técnicas. No obstante, aclaró que las decisiones finales son adoptadas por la Justicia y que el organismo debe cumplir con esas disposiciones.
En cuanto a las revinculaciones, sostuvo que se trata de procesos que requieren seguimiento y no de simples encuentros entre los menores y sus progenitores. Dependiendo de cada situación, la Justicia puede establecer determinadas condiciones que deben ser cumplidas antes de avanzar.
Entre esas pautas pueden contemplarse tratamientos, entrevistas con profesionales u otras medidas destinadas a garantizar que el proceso se desarrolle de manera adecuada. El cumplimiento de esas condiciones es evaluado y comunicado a las autoridades judiciales correspondientes.
La ministra también rechazó cuestionamientos sobre la preparación del personal y aseguró que quienes intervienen en estos procedimientos cuentan con formación y capacitación para abordar situaciones de especial complejidad. En determinados casos, además, participan profesionales del área de salud.
Sobre los tiempos de intervención, Rossi sostuvo que el organismo cumple con los plazos administrativos y judiciales establecidos. Explicó que determinadas situaciones pueden extenderse por dificultades vinculadas a los adultos involucrados, incumplimientos de pautas o impedimentos para concretar contactos.
En ese sentido, señaló que los tiempos de cada proceso no dependen exclusivamente del organismo de protección, sino de un conjunto de actuaciones y decisiones que involucran también al sistema judicial y a otros profesionales.
La protesta, además, comenzó a generar dificultades en el funcionamiento cotidiano del área. Según indicó Rossi, trabajadores realizaron presentaciones ante el gremio y la situación también fue planteada ante el Ministerio de Trabajo.
A esto se sumaron reclamos de otras familias que concurren al organismo con turnos previamente asignados, incluso acompañadas por niños, debido al contexto generado en el lugar.
Rossi expresó comprensión por la angustia de quienes se encuentran manifestándose, pero sostuvo que cualquier intervención debe tener como eje central el bienestar de los menores. “Nuestra responsabilidad es hacia la protección de los derechos de esos menores”, afirmó.
