El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre traerá un cambio histórico en el sistema de votación argentino. Sin embargo, a pocos meses de su implementación, el debate ya no gira únicamente en torno a su practicidad o transparencia, sino a su costo: será más elevado que el del sistema tradicional que pretende reemplazar.
Según el presupuesto electoral 2025, el operativo demandará $395.133 millones, cifra que prácticamente iguala —en valores actualizados— al gasto de las elecciones de 2023, a pesar de que en esta oportunidad no habrá PASO ni balotaje. Uno de los contratos más onerosos es el firmado con Correo Argentino, por $223.000 millones, para logística y transmisión de resultados.
La impresión de las boletas también representa un gasto significativo: mientras que en 2023 la producción costó alrededor de $5.200 millones, este año el monto asciende a $43.000 millones más IVA. En provincias como Buenos Aires, donde votan unos 12 millones de ciudadanos, cada boleta única costará $300, frente a los $70 de la boleta partidaria tradicional.
Especialistas señalan que el encarecimiento responde al tamaño del documento, la impresión a todo color y la concentración de la producción en pocas empresas. Marcos Schiavi, ex titular de la Dirección Nacional Electoral, fue categórico: “La elección de 2025 va a ser sustancialmente más cara que la de 2023”.
Pese a estas críticas, desde el Gobierno defienden la BUP como un paso hacia un sistema más equitativo, al eliminar la necesidad de que los partidos financien la impresión de sus propias boletas y reducir las posibilidades de fraude o robo de papeletas. No obstante, la pregunta sigue abierta: ¿vale la pena pagar más por un proceso que promete más transparencia, pero aún no ha demostrado su eficacia en el escenario nacional?
