Ante la confirmación por el gobierno de Roxana Bertone y el FPV en Tierra del Fuego, del pedido de exoneración contra 17 compañeros de la conducción -entre ellos el Sec. Gral. Horacio Catena y el Sec. Gremial, Raul Arce- y delegados del SUTEF, de esta Federación y de la CTA Autónoma regional, la Federación Nacional Docente (FND-CTA) repudia enfáticamente esta grave decisión y convoca a todos los sectores gremiales, sociales y políticos que comparten la defensa de los derechos democráticos a pronunciarse y responder en la más amplia unidad para impedirlo.
De prosperar, esto derivaría en el despido de trabajadores
y dirigentes por el supuesto «delito» de luchar contra el ajuste que instrumentó la ex gobernadora, Fabiana Ríos.
El actual gobierno rechazó el recurso jerárquico interpuesto por dirigentes y docentes de SUTEF y la CTA ante el pedido de exonerarlos, lo que ratifica la antidemocrática y persecutoria resolución firmada por la ex gobernadora Ríos, en su último día de gestión. Y avanza hacia la exclusión de la tutela sindical para concretar esa medida y poder echar a docentes y dirigentes. Una decisión extremadamente grave y sin precedentes en las últimas décadas.
La Federación rechaza también la decisión del ministerio de Educación de hacer listas negras y pretender reemplazar a
docentes en paro por trabajadores auxiliares.
Otro intento inconstitucional de coartar el derecho de huelga.
La FND exhorta al gobierno provincial a dar marcha atrás con ambas resoluciones y a dar respuesta al conflicto que está en la base de la situación planteada, en un distrito conmocionado por más de un mes de huelgas del SUTEF en unidad con una veintena de gremios y las mayores movilizaciones de la historia fueguina.
Conflicto que recibió el respaldo de un masivo paro nacional de la FND y entidades docentes como CTERA el pasado 4 de abril.
El gobierno nacional debe intervenir y contribuir a encontrar, en el diálogo y la efectiva respuesta a las demandas, la
forma de encauzar positivamente el conflicto y el ciclo lectivo en ésta y en otras seis provincias que siguen en lucha.
Las medidas del gobierno provincial y la actitud pasiva del gobierno nacional frente al conflicto; perforan el piso del consenso democrático, violando el derecho constitucional de huelga.
Por lo tanto llamamos a todas las fuerzas gremiales, políticas, sociales y democráticas a repudiar esta política represiva que no asume la necesidad de solucionar el conflicto, la tarea principal de toda democracia.
