












El Programa Público-Privado de Loteo prevé poner a disposición 231 terrenos en una primera etapa, como parte de un proyecto que contempla un total de 600 lotes destinados a ampliar las alternativas de acceso al suelo urbano en Río Grande.
Durante la presentación de la iniciativa, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para impulsar nuevos desarrollos habitacionales, especialmente en un contexto de recursos limitados.
El funcionario señaló que el proyecto es resultado de un proceso iniciado en 2019, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de terrenos con servicios para las familias de la ciudad.
En ese período se avanzó mediante distintas alternativas de financiamiento e inversión para incorporar infraestructura, incluyendo recursos propios y herramientas nacionales destinadas al desarrollo del suelo urbano. La nueva propuesta incorpora la participación del sector privado como una modalidad para continuar con esa política.
Díaz sostuvo que el trabajo conjunto permite explorar nuevas herramientas para responder a la demanda habitacional y ampliar las posibilidades de acceso a un terreno donde construir una vivienda.
En cuanto a las condiciones de acceso, explicó que el programa funcionará mediante un mecanismo de compra-venta y estará abierto tanto a quienes se encuentren inscriptos en el registro habitacional como a quienes no formen parte de ese padrón.
La propuesta también contempla beneficios para las personas que acumulen más de diez años de inscripción, además de distintas modalidades de compra orientadas a facilitar el acceso a los terrenos.
Respecto de la adjudicación, se prevé implementar un sorteo para la primera etapa. Según indicó Díaz, el procedimiento buscará garantizar reglas claras y transparencia para quienes participen de la convocatoria.
El desarrollo total comprende 600 lotes, aunque inicialmente se habilitarán 231. La implementación será progresiva, en el marco de un esquema que combina la participación estatal con inversiones privadas.
La iniciativa se presenta como una alternativa frente a la demanda de suelo urbano en Río Grande y apunta a generar nuevas oportunidades para las familias que buscan acceder a un terreno con servicios y avanzar en la construcción de su hogar.