MAURICIO SAAVEDRA, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MARTILLEROS, CORREDORES PÚBLICOS Y TASADORES
El Colegio Profesional de Martilleros, Corredores Públicos y Tasadores Departamental Río Grande se constituyó el 24 de agosto último con el fin de organizar institucionalmente a los profesionales del sector. Según su flamante presidente, Mauricio Saavedra, además de capacitar a los miembros mediante cursos dictados por calificadas entidades nacionales, “nos proponemos velar por los derechos del matriculado y asegurarnos de que cumplan con las obligaciones respectivas, sin perjuicio de lo cual también seremos órgano de consulta de la comunidad, de organismos del Estado provincial y municipal, cosa que hasta ahora se hacía con referentes históricos de la profesión. Ahora el Colegio será ese referente, la voz oficial”. Y en efecto, una de sus primeras actividades fue una suerte de presentación en sociedad en la Cámara de Comercio local donde se convocó a inmobiliarias, martilleros, corredores y alumnos de la carrera.
Entre sus primeras definiciones en una charla con 94Venite Magazine, Saavedra dijo que “el mercado de Río Grande es muy especial porque es una ciudad que produce mucho empleo y ahora se nota mucho”. Aun así, dio a entender que persiste una situación compleja, sobre todo en el tema de los alquileres, por la gran cantidad de personas que intervienen, pero acá tenemos dos factores que acentúan el problema, sobre todo después de la pandemia”.
Señaló entonces que “por un lado, hay una gran cantidad de parejas que se separan, lo que multiplica por dos la demanda de alquileres y, por el otro, el hecho de que todo el tiempo siguen llegando personas a Río Grande buscando una oportunidad”. “Eso genera una gran demanda y si la oferta es poca, el precio aumenta. Así se rige el mercado”, remarcó.
En relación a las operaciones de compraventa de inmuebles, Mauricio Saavedra sostuvo que “hoy en Río Grande no se vende nada por encima de los 50 mil dólares. Las únicas operaciones que se hacen son departamentos o viviendas en ese valor o menos, que se hacen con ahorros de personas de clase media que no llegan a los 72 o 75 mil dólares que cuesta construir o conseguir una casa de 100 m2. Además, no hay una política pública en serio ni línea de crédito para que esto cambie, aun cuando hay tierras para hacerlo, porque acá hay tierra de sobra igual que en todo el país. Y para tomar un crédito, por ejemplo, el Procrear, el banco pide que se debe tener el 30 por ciento del valor necesario en la cuenta para otorgarte el 70 por ciento restante. Y si eso se da, después hay que pagar las cuotas que son muy altas ¿cuánto tenés que ganar? Así que por ahora es imposible que una familia pueda acceder a su vivienda.
Y explicó acerca de la fijación de los valores que se generan, que “si bien es la inmobiliaria la que fija el valor de un bien, la verdad es que el precio lo pone el propietario. Pese a eso por lo general prevalece lo que llamamos valor referencial donde, por ejemplo, en un barrio determinado puede haber en oferta tres lotes a 15 mil dólares cada uno, pero si uno se vendió en 12 mil dólares, desde ese momento el valor de referencia es ese”. “Siempre dentro de la subjetividad que uno tiene para ponerle valor a una propiedad –prosiguió-, en el caso de una vivienda, lo que hacemos es calcular el valor de la misma en base a lo que costaría construirla a nuevo, lo que hoy, sumando mano de obra y materiales, anda en un costo de entre 550 y 650 dólares el m2, una construcción básica y buena, valor que surge de consultas a los constructores. Si hablamos de una vivienda de 100 m2 a U$S 600 el metro, tiene un valor de 60.000 dólares. Más el terreno de 12.000, tener esa vivienda cuesta 72.000 dólares. No obstante, el propietario de una vivienda igual, de 15 o 20 años de antigüedad, puede pedir ese dinero o incluso más, por más que uno le explique y fundamente cómo se forma ese valor. Igual esto es relativo y no pasa siempre que nuestro asesoramiento no es tomado en cuenta”.
Volviendo al tema crucial de los alquileres, el martillero cuestionó la actual Ley, afirmando que la última norma aprobada “rompió con todo porque establece que las actualizaciones del precio deben hacerse en forma anual. Entonces el propietario, cuando fija el precio, lo pone alto para cubrirse porque sabe que por un año no lo puede tocar”.
Añadió además que “otra situación que eso ha generado es que se pacten alquileres sin contrato y esto genera situaciones que a la larga terminan mal. El contrato marca que el inquilino debe pagar el mes de alquiler y el mes de depósito. Así es en todas partes. Y si actúa una inmobiliaria, debe abonársele una comisión ya que ese es su trabajo porque da garantías de la operación a las partes. Y además ahora está el Colegio que es el que garantiza que la inmobiliaria, martillero o corredor cumplan con todas sus obligaciones en el desarrollo de sus actividades”.
Finalmente indicó que “esto llevará un tiempo hasta que todo funcione como debe ser, así que iremos viendo cómo vamos haciendo este camino que seguramente será como todo sobre la base de la prueba y el error”.
