La decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles de importación para productos electrónicos encendió las alarmas en Tierra del Fuego, una provincia cuya economía depende fuertemente del régimen industrial que por décadas la sostuvo como polo tecnológico del país.
La medida, oficializada en las últimas horas, busca –según argumentan desde Nación– “abrir el mercado, fomentar la competencia y reducir los precios al consumidor final”. Sin embargo, el costo de esta apertura podría pagarse con miles de puestos de trabajo y el desmantelamiento progresivo de un entramado productivo que genera empleo directo e indirecto para más de 10 mil personas en el sur del país.
Desde el sector empresario fueguino aseguran que esta disposición los deja en clara desventaja frente a productos importados que ingresarán al país con costos notablemente inferiores. La producción nacional, señalan, no podrá competir en igualdad de condiciones sin el resguardo arancelario, lo que podría traducirse en recortes, despidos y hasta cierres de plantas.
Por su parte, gremios industriales y autoridades provinciales manifestaron su rechazo a la medida. Advierten que Tierra del Fuego podría quedar fuera del mapa productivo nacional si no se toman medidas compensatorias urgentes.
La ley 19.640, que desde 1972 promueve el desarrollo económico en la isla a través de beneficios fiscales y aduaneros, vuelve a estar en el centro del debate. La eliminación de aranceles –en la práctica– debilita ese régimen y amenaza con vaciar de contenido un modelo que, con altibajos, sostuvo la diversificación económica de la provincia más austral del país.
Mientras el Gobierno nacional insiste en que se trata de una política de “eficiencia económica”, en Tierra del Fuego la sensación es otra: la de un golpe directo al corazón productivo de la provincia.
