La Justicia Federal de Río Grande avanzó sobre la explotación pesquera en aguas de las Islas Malvinas y dictó una medida cautelar que prohíbe a doce empresas españolas y siete estructuras empresariales hispano-isleñas desarrollar actividades de pesca sin autorización de la República Argentina.
La resolución fue firmada el pasado 6 de noviembre por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de una demanda colectiva impulsada por la Fundación Agustina Lerena, que cuestiona la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur sin reconocimiento de la jurisdicción argentina.
La disposición comprende el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva argentina, incluyendo las aguas que rodean a las Islas Malvinas hasta las 200 millas marítimas.
La restricción no se limita a la captura de especies. También alcanza el procesamiento de productos pesqueros a bordo, los transbordos, las descargas y la incorporación de embarcaciones destinadas a estas actividades.
Además, las compañías deberán abstenerse de realizar nuevas campañas de pesca mientras no cuenten con las correspondientes autorizaciones nacionales o exista una nueva decisión judicial.
Información obligatoria sobre las operaciones
Otro de los puntos centrales de la resolución establece que las empresas alcanzadas deberán presentar, dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación, documentación respaldatoria sobre sus actividades.
Entre los datos requeridos figuran la identificación de los buques utilizados, sus matrículas, banderas, licencias, permisos y cuotas de captura, además de información discriminada por especie, embarcación y temporada.
También deberán informar los sistemas de seguimiento satelital, la presencia de observadores a bordo, los puertos de descarga, los transbordos y los destinos comerciales de los productos obtenidos.
La medida incluye la obligación de conservar los registros operativos, técnicos, societarios y comerciales, evitando cualquier modificación, ocultamiento o destrucción de documentación que pueda resultar relevante para la investigación.
Qué ocurre con las empresas argentinas
La resolución también tiene implicancias para compañías nacionales mencionadas en la demanda, aunque en este punto la magistrada adoptó otro criterio.
Por el momento, rechazó las medidas cautelares solicitadas contra esas firmas y requirió información a las autoridades pesqueras sobre sus permisos, cuotas de captura, declaraciones juradas y posibles vinculaciones comerciales con operadores que desarrollan actividades en aguas de Malvinas.
La investigación busca determinar si existen relaciones económicas, societarias o comerciales que puedan encuadrarse en las restricciones establecidas por la Ley Federal de Pesca 24.922.
En particular, se analiza la aplicación del artículo 27 bis, que establece condiciones para acceder y mantener permisos y cuotas de captura, y contempla consecuencias sobre esas habilitaciones cuando se comprueban determinadas vinculaciones con operadores que pescan sin autorización argentina.
Una demanda millonaria por la explotación de recursos
La causa fue presentada el 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
El planteo judicial denuncia la extracción de aproximadamente 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros entre 1989 y 2025, y reclama una reparación económica que supera los 26.400 millones de dólares, según la estimación presentada por la parte demandante.
La acción también incorpora a bancos, astilleros, compañías aseguradoras y otras firmas que, de acuerdo con la denuncia, habrían participado en el financiamiento, sostenimiento o desarrollo de las operaciones pesqueras cuestionadas.
La soberanía y la protección ambiental, en el centro de la causa
Entre los fundamentos considerados se encuentran la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que reafirma la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y el artículo 41, referido a la protección del ambiente.
También se incorporaron antecedentes científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), relacionados con la conservación de especies migratorias y poblaciones compartidas del Atlántico Sudoccidental.
La preocupación central radica en que la explotación pesquera sin mecanismos de administración y control compartidos podría afectar la sustentabilidad de los recursos marinos y comprometer las medidas de conservación.
La decisión representa un nuevo avance judicial en una controversia que involucra la soberanía argentina, la explotación de los recursos naturales y los intereses económicos que se desarrollan alrededor del archipiélago.
La cautelar tendrá vigencia hasta que las empresas obtengan autorización argentina o el juzgado disponga una modificación de lo resuelto. Su aplicación concreta dependerá de las notificaciones y de los mecanismos legales correspondientes.
Fuente: Pescare.
