Un sobre enviado desde Río Grande con material fotográfico de una causa por abuso infantil llegó abierto y con el contenido principal sustraído. El juez Andrés Leonelli está imputado por tenencia de imágenes ilegales.
USHUAIA. La causa judicial que investiga al juez de Cámara Andrés Leonelli por presunta tenencia de pornografía infantil sumó en las últimas horas un nuevo hecho de extrema gravedad: el material probatorio enviado por la Justicia fue robado antes de llegar a manos de los peritos.
El sobre, proveniente del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Grande, fue despachado oficialmente a pedido de la defensa del magistrado. Contenía un CD con imágenes sensibles correspondientes a una causa de abuso sexual infantil instruida en 2016 por el propio Leonelli. La intención era peritar ese contenido para intentar demostrar que las imágenes detectadas por Google en la cuenta del juez formaban parte de aquel expediente y no de una fuente externa.
Sin embargo, el sobre llegó abierto y sin el disco, impidiendo cualquier análisis técnico. El hecho ocurrió durante su traslado interno mediante el sistema de «bolsín judicial», pero aún no se sabe dónde ni cuándo fue vulnerado.
Las imágenes, el informe de Google y la nube del juez
El caso se originó tras un reporte de Google, que detectó 53 imágenes de contenido sexual infantil en la cuenta personal del juez. La alerta fue enviada a través de la ONG internacional Missing Children, lo que derivó en una denuncia penal.
Leonelli fue imputado por el delito de tenencia de representaciones sexuales de menores (Art. 128 del Código Penal). Su defensa alega que el material provenía de una causa judicial legítima que él mismo investigó, y que fue respaldado automáticamente en su cuenta personal tras un formateo y restauración de sus archivos de trabajo.
Nulidades y polémicas
La causa ya venía envuelta en polémica luego de que la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur anulara una pericia clave y devolviera un celular al magistrado imputado, por supuestas fallas procesales. Se cuestionó además la intervención de jueces que tendrían vínculos con Leonelli, lo que desató fuertes críticas por presunto corporativismo y encubrimiento.
Con la desaparición del CD original, la situación se agrava: no solo se pierde una prueba crucial, sino que se suma un hecho con posible responsabilidad penal dentro del propio Poder Judicial.
Riesgos institucionales
La sustracción de pruebas en una causa por pornografía infantil involucra directamente a la integridad del sistema judicial fueguino. Se trata de material extremadamente sensible, cuya custodia debió haber sido garantizada de forma absoluta.
La investigación ahora deberá determinar quién o quiénes tuvieron acceso al sobre, en qué momento fue abierto y por qué no se activaron mecanismos de control ante un faltante de esta magnitud.
Una causa con impacto político y social
La gravedad del caso trasciende lo penal. Organizaciones civiles y referentes del ámbito judicial ya alertaron que, más allá de lo que ocurra con la responsabilidad de Leonelli, el episodio pone en evidencia fallas estructurales en el resguardo de pruebas sensibles, la falta de controles internos y la debilidad del sistema frente a sus propios integrantes.
Por ahora, el juez continúa en funciones, mientras la causa sigue su curso en medio de sospechas, nulidades, y ahora, un robo interno que deja a la investigación sin una de sus pruebas fundamentales.
