El Colegio Público de Abogados de Río Grande elevó una nota formal al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego en la que manifiesta su preocupación y rechazo a una medida impulsada desde el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Norte.
La comunicación surge a partir de una disposición que establece que los justiciables que cuenten con abogado particular deberán concurrir a la sede del Colegio para solicitar la presencia de sus letrados, permaneciendo allí hasta tanto se concrete dicha asistencia. Frente a esta situación, la institución profesional advirtió que no se encuentra en condiciones de cumplir con ese rol.
Desde el Colegio señalaron que no poseen facultades legales ni estructura organizativa para funcionar como un espacio de recepción, control o permanencia de personas vinculadas a procesos judiciales. En ese sentido, remarcaron que asumir ese tipo de tareas implicaría exceder sus competencias y alterar su finalidad institucional.
Asimismo, destacaron que la organización del servicio de justicia, incluyendo aspectos vinculados a la seguridad, el orden y la atención dentro de los edificios judiciales, es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, por lo que no puede ser trasladada —ni siquiera de manera indirecta— a una entidad colegiada.
También advirtieron que permitir la permanencia de particulares en la sede del Colegio, en las condiciones planteadas, podría generar situaciones de conflicto o riesgo que la institución no está preparada para gestionar.
Por todo lo expuesto, el Colegio dejó en claro la imposibilidad de implementar la medida, aunque expresó su voluntad de colaborar en la elaboración de protocolos adecuados que contribuyan a mejorar la organización y seguridad del servicio de justicia, siempre dentro del ámbito que le corresponde.
