CriptoPatagonia apeló la clausura de sus generadores tras denuncias por contaminación sonora

La empresa CriptoPatagonia, dedicada al procesamiento de datos y minería de criptomonedas, apeló la clausura preventiva de sus generadores eléctricos, medida que fue dispuesta por la Dirección de Comercio e Industria del Municipio de Río Grande el pasado 25 de julio, tras múltiples denuncias vecinales por ruidos molestos y presuntas irregularidades técnicas.

Según informaron autoridades municipales, la clausura se resolvió luego de constatar que la firma no había cumplido con los requerimientos técnicos exigidos en inspecciones previas. Entre ellos: la instalación de barreras fonoabsorbentes, la presentación de un estudio de impacto ambiental y la suspensión del uso de generadores durante la franja nocturna.

Durante diez días, el área técnica del Municipio realizó mediciones de ruido en el barrio San Martín, determinando que los niveles sonoros superaban ampliamente lo permitido por la ordenanza 1064/98, especialmente durante la noche, afectando la calidad de vida de las y los vecinos.

Desde CriptoPatagonia aseguran estar avanzando en las obras exigidas, aunque manifestaron que las condiciones climáticas actuales dificultan el cumplimiento inmediato de ciertas tareas, como la construcción de muros perimetrales. En ese marco, la empresa presentó un recurso de apelación ante el Juzgado Municipal de Faltas y anunció la implementación de un plan de acción que contemple el diálogo con la comunidad y nuevas medidas de mitigación acústica.

Próximos pasos

El Juzgado Municipal deberá resolver si ratifica o deja sin efecto la clausura preventiva de los generadores.

CriptoPatagonia deberá acreditar los avances técnicos y documentales requeridos por la normativa local.

La empresa anunció un plan de acción para entablar diálogo con los vecinos y atender sus reclamos.

Relevancia local

Este conflicto expone el desafío que representan las nuevas actividades tecnológicas, como el minado de criptomonedas, en entornos urbanos. La falta de regulación específica, sumada a los efectos ambientales y sociales que generan, exige a las autoridades locales un trabajo articulado para garantizar el desarrollo económico sin comprometer el bienestar de las comunidades.