












El ministro jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de extender la intervención del Puerto de Ushuaia y puso en duda los fundamentos que dieron origen a la medida. Según afirmó, durante los últimos diez meses no se concretaron obras de infraestructura ni se resolvieron las deficiencias que habían sido señaladas para justificar el desplazamiento de la administración provincial.
El funcionario consideró que la continuidad de la intervención carece de fundamentos y sostuvo que los problemas estructurales mencionados por las autoridades nacionales no tuvieron respuestas concretas. En ese sentido, remarcó que la terminal continuó operando durante toda la temporada de cruceros sin que se conocieran trabajos de reparación o licitaciones destinadas a mejorar sus instalaciones.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el manejo económico del puerto. Canals aseguró que la Provincia no cuenta con información sobre los ingresos que genera la actividad, la administración de esos recursos ni el destino de los fondos recaudados.
“Lo único que hicieron es quedarse con los recursos de la Provincia”, expresó, al cuestionar que la administración nacional mantenga el control de una estructura que, según planteó, genera ingresos que corresponden a los fueguinos.
La prórroga también volvió a instalar el conflicto institucional entre Nación y Tierra del Fuego por las facultades de administración y fiscalización de la terminal. Para Canals, la medida representa una afectación de la autonomía provincial, por lo que anticipó que continuarán los reclamos por las vías judiciales e institucionales.
En paralelo, adelantó que el Ministerio de Trabajo impulsará una nueva denuncia penal ante las dificultades para ingresar al predio portuario y realizar inspecciones vinculadas con las condiciones de seguridad laboral. Esta situación se suma a las actuaciones que ya fueron promovidas desde el área de Ambiente.
El escenario también alcanza a los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, cuya situación laboral permanece atravesada por el proceso de intervención. El jefe de Gabinete reconoció la complejidad del conflicto y señaló que se mantiene el trabajo conjunto con los sectores gremiales para atender la situación de los empleados.
Por otra parte, Canals apuntó contra los representantes fueguinos de La Libertad Avanza por la falta de pronunciamientos frente a la decisión nacional. En particular, cuestionó el silencio de senadores, diputados y legisladores vinculados al espacio político del oficialismo nacional.
Finalmente, el funcionario ratificó que la Provincia continuará reclamando la restitución de la administración portuaria y cuestionó que la extensión de la medida no esté acompañada por las mejoras de infraestructura y seguridad que habían sido anunciadas como parte de sus fundamentos.