La secretaria de Finanzas, Capotorto, planteó su preocupación por las demoras en el envío de los fondos de coparticipación y advirtió que esta situación condiciona la capacidad de planificación financiera de Río Grande de cara a 2027.
Durante su exposición ante el Concejo Deliberante, explicó que los atrasos obligan a reorganizar permanentemente los recursos disponibles y dificultan el cumplimiento de compromisos como el pago de salarios, proveedores, servicios y prestaciones esenciales.
En ese sentido, sostuvo que la ciudad necesita previsibilidad en las transferencias y remarcó que los recursos coparticipables constituyen una obligación legal, por lo que no deberían depender de las decisiones financieras de otro nivel del Estado.
La funcionaria también expresó inquietud por los compromisos que deberá afrontar la Provincia durante 2027, particularmente por el acuerdo de compensación con Nación, que contempla devoluciones superiores a los $78.528 millones, más intereses. Al respecto, señaló que esas obligaciones no deberían trasladar consecuencias financieras a las administraciones municipales.
Otro de los puntos señalados fue la falta de definiciones sobre los coeficientes de distribución de la coparticipación, una situación que genera incertidumbre tanto para el cierre del ejercicio 2026 como para la elaboración de las previsiones del próximo año.
Un presupuesto atravesado por la crisis económica
Durante la presentación también se analizó el contexto económico y social de Río Grande, con especial atención a las consecuencias de la crisis industrial sobre el empleo, los ingresos familiares y la actividad comercial.
Capotorto mencionó que la desocupación en el aglomerado Río Grande-Ushuaia llegó al 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 6,6% registrado a fines de 2025.
Según explicó, la pérdida de puestos laborales impacta sobre la capacidad contributiva de las familias y los ingresos de la ciudad, al mismo tiempo que incrementa la demanda de asistencia alimentaria, atención sanitaria, acompañamiento social y capacitación laboral.
Frente a este escenario, el Presupuesto 2027 contempla partidas específicas para sostener distintas políticas públicas. Entre las principales asignaciones se encuentran aproximadamente $18.682 millones para salud, $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, cerca de $38.986 millones para servicios ambientales y más de $5.000 millones para el transporte público.
En materia de infraestructura, el proyecto prevé un Plan de Obras Públicas de $20.105 millones, que comprende 37 intervenciones vinculadas con el mejoramiento vial, la infraestructura urbana, el saneamiento y la generación de suelo.
Beneficios tributarios para vecinos y comerciantes
Otro de los ejes de la propuesta presupuestaria está relacionado con el alivio de la carga tributaria. Capotorto detalló que se plantea una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, lo que permitiría reducir su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 vigentes.
Además, se prevén beneficios para contribuyentes cumplidores y para quienes elijan realizar el pago anual anticipado, con bonificaciones que podrían alcanzar aproximadamente el 40%, de acuerdo con las condiciones establecidas.
La secretaria indicó que estas herramientas buscan acompañar a las familias y al sector comercial frente a las dificultades económicas, sin descuidar los recursos propios necesarios para sostener el funcionamiento de la ciudad.
Sin embargo, volvió a remarcar que la recaudación local no puede sustituir las transferencias de coparticipación que corresponden legalmente a Río Grande.
La autonomía municipal, en el centro del debate
En el tramo final de su exposición, Capotorto sostuvo que la elaboración de un presupuesto equilibrado debe estar acompañada por las condiciones financieras necesarias para garantizar su cumplimiento.
El planteo estuvo centrado en la necesidad de asegurar el envío oportuno de los fondos coparticipables y preservar la autonomía económica y administrativa de la ciudad.
La presentación abrió así el análisis legislativo del Presupuesto 2027, que corresponde al último año de la segunda gestión del intendente Martín Perez y que proyecta sostener los servicios públicos, las políticas sociales y las obras de infraestructura sin recurrir al endeudamiento.
Como definición central, la funcionaria afirmó que Río Grande no debe quedar sujeta a las obligaciones financieras de la Provincia y que los recursos coparticipables pertenecen a la ciudad. Su transferencia en tiempo y forma, remarcó, resulta indispensable para garantizar el funcionamiento de los servicios que recibe la comunidad.
