El Gobierno de Tierra del Fuego selló un nuevo acuerdo con la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química S.A. (TEQSA), poniendo fin a un extenso litigio judicial que se arrastraba desde 2016. Este nuevo convenio habilita el desembolso de más de 800 millones de dólares en dos etapas, con la promesa de desarrollo industrial, generación de empleo y fortalecimiento del sistema energético local.
Una historia con idas y vueltas
El llamado “Convenio Chino” tiene su origen en 2008, cuando la gestión de Fabiana Ríos firmó un acuerdo para la instalación de una planta de producción de urea y generación energética con financiamiento chino. Aunque la empresa compró tierras y avanzó en pagos iniciales, la falta de avances y presuntos incumplimientos motivaron la rescisión del contrato por parte de la gobernadora Rosana Bertone en 2016. A partir de allí, la firma inició acciones legales contra el Estado provincial.
Un nuevo capítulo
El actual gobierno, encabezado por Gustavo Melella, logró cerrar el juicio y reactivar el acuerdo bajo nuevas condiciones. Según se informó oficialmente, el nuevo convenio no genera costos para la provincia y prevé:
Inversión inicial de USD 100 millones para generar energía en el norte fueguino, con dos generadores y una central termoeléctrica.
Segunda etapa por más de USD 700 millones destinada a la construcción de una planta petroquímica que permitirá industrializar el gas fueguino y producir fertilizantes.
La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, destacó que el acuerdo representa “una oportunidad de crecimiento real, con mano de obra local y sin poner en riesgo las cuentas públicas”.
Cuestionamientos y llamados a la cautela
Pese al entusiasmo oficial, el convenio despertó voces críticas. Desde el municipio de Río Grande, el secretario de Gobierno Gastón Díaz alertó que el nuevo acuerdo fija compromisos hasta el año 2050 y debe ser discutido en profundidad en la Legislatura. Por su parte, el Fiscal de Estado recomendó introducir modificaciones al texto contractual por «debilidades jurídicas» que podrían derivar en futuros conflictos.
Organismos técnicos y consultores también advirtieron que la provincia debería tener una participación más activa en la fiscalización del proyecto, y no ceder todo el control a la firma extranjera.
Expectativas y desafíos
La provincia apuesta a que esta vez el proyecto avance de forma concreta y no quede, como en el pasado, en una promesa incumplida. La industrialización del gas, la generación energética autónoma y la sustitución de importaciones son objetivos clave para el desarrollo económico de Tierra del Fuego.
El acuerdo ahora deberá sortear el análisis legislativo y convencer a los sectores escépticos. El éxito dependerá de la transparencia en su ejecución y del cumplimiento real de las inversiones anunciadas.
