Buenos Aires, 28 de abril de 2025. El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco (UCR), encendió las alarmas en el Congreso al exigir respuestas inmediatas al Poder Ejecutivo frente al inminente inicio de actividades petroleras ilegales en aguas argentinas, en la zona de las Islas Malvinas.
La advertencia surge a raíz del avance del proyecto “Sea Lion”, impulsado por la empresa Navitas Petroleum —de capitales israelíes y estadounidenses— en sociedad con Rockhopper Exploration Plc. Según denunció Blanco, la firma planea iniciar la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, desconociendo los derechos soberanos del país sobre ese territorio en disputa.
Además, el senador reveló que Navitas bloquea el acceso a su portal desde la Argentina, en un intento de ocultar información relevante sobre sus operaciones. “Ocultar es admitir culpabilidad. Lo que están haciendo es ilegal y atenta contra nuestra soberanía”, afirmó.
En un proyecto de comunicación presentado en el Senado, Blanco pidió conocer qué acciones diplomáticas, legales y de defensa ha emprendido o planea emprender el Gobierno nacional. También solicitó saber si se han presentado reclamos ante Israel y Estados Unidos, y qué gestiones realiza la Cancillería ante organismos internacionales para frenar esta avanzada.
“La pasividad del Gobierno ante esta situación es alarmante. No reaccionar es ceder, y ceder es traicionar la memoria de nuestros héroes de Malvinas”, expresó el senador fueguino.
Blanco también denunció la «acefalía» en áreas estratégicas, como la Dirección Nacional de Exploración y Explotación Petrolera, tras la reciente remoción de su titular sin reemplazo designado, lo que —advirtió— deja a la Argentina en una posición de extrema vulnerabilidad en el Atlántico Sur.
“Si el Gobierno no actúa, será cómplice de la mayor violación de soberanía en el Atlántico Sur de nuestra historia”, sentenció Blanco.
Para el legislador, la defensa de Malvinas debe estar por encima de cualquier interés político o económico: “La causa Malvinas es un mandato constitucional. No podemos permitir que la diplomacia se use como moneda de cambio”.
