Un grupo de profesionales integrantes del Colegio Público de Abogados de Río Grande difundió un documento en el que expresó su respaldo a la conducción de la institución y cuestionó las críticas personales dirigidas contra su presidente, Dr. Renán Uribe.
En el pronunciamiento, los abogados sostuvieron que el debate debe centrarse en la situación que atraviesa el servicio de Justicia en Tierra del Fuego y no en cuestionamientos personales hacia quienes ejercen la representación institucional del sector.
El documento plantea que actualmente existe una situación de preocupación por el funcionamiento del sistema judicial, con demoras que, según señalaron, terminan afectando el acceso de los ciudadanos a una respuesta efectiva por parte de los tribunales.
Los profesionales aclararon que el reclamo por mejoras salariales de los trabajadores judiciales constituye un derecho que no ponen en discusión. Sin embargo, remarcaron que las medidas vinculadas al conflicto no deberían afectar la atención de causas urgentes en áreas como familia, civil y comercial, penal y laboral.
Otro de los puntos abordados estuvo relacionado con los honorarios profesionales. Los firmantes rechazaron las interpretaciones que los presentan como un privilegio y señalaron que representan la retribución de abogados que ejercen de manera independiente y cuyos ingresos dependen directamente del desarrollo de su actividad profesional.
En ese sentido, remarcaron que el ejercicio liberal de la abogacía implica asumir costos y obligaciones que no tienen los trabajadores bajo relación de dependencia, por lo que consideraron necesario contemplar esa realidad al momento de discutir la regulación de los honorarios.
El documento también plantea que garantizar el funcionamiento de los tribunales constituye una condición necesaria para asegurar el acceso a la Justicia y la atención de los distintos conflictos que requieren intervención judicial.
Finalmente, los profesionales solicitaron que las diferencias entre el Superior Tribunal de Justicia y las entidades gremiales sean abordadas mediante los mecanismos de diálogo y negociación correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial en la provincia.
El pronunciamiento lleva la firma de numerosos abogados matriculados de Río Grande, quienes manifestaron así su posición respecto del conflicto y de la necesidad de preservar el acceso efectivo a la Justicia.
