La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) encendió las alarmas ante la posibilidad de que se avance con la eliminación del subrégimen de promoción industrial. Según advirtieron, esta medida implicaría para Tierra del Fuego una pérdida estimada de $80 mil millones en recursos durante el año 2025, lo que representa más del 20% del total de ingresos provinciales.
De ese monto, $57 mil millones provienen de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y otros $23 mil millones del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se trata de tributos que, según la AREF, tienen una incidencia muy baja en los precios de los productos fabricados, pero son esenciales para el financiamiento de la provincia.
La Tasa de Verificación, por ejemplo, tiene una alícuota del 1,8% —reducida al 1,62% si hay inversiones— y se aplica sobre el valor de producción, representando menos del 1% del precio de venta. En el caso de Ingresos Brutos, la alícuota es del 1,5%, pero debido al Convenio Multilateral, Tierra del Fuego solo recibe entre el 25% y 30% de lo recaudado, lo que se traduce en un impacto inferior al 0,5% sobre los ingresos de las empresas.
Desde el organismo remarcan que, en conjunto, estos tributos significan apenas un 1% del precio final, por lo que atribuyen las críticas sobre la «presión tributaria» a motivaciones políticas. Además, sostienen que los precios de fabricación en la isla son competitivos, y que los aumentos se producen en las etapas de distribución y comercialización.
Finalmente, AREF advirtió que, más allá del impacto fiscal, una decisión de estas características pondría en jaque a todo el entramado industrial fueguino, generando consecuencias sociales y económicas de alto impacto.
