El Gobierno de Tierra del Fuego se prepara para implementar un estricto protocolo de seguridad ante la posibilidad de bloqueos en rutas y cortes de acceso, previstos para el próximo miércoles 21 de mayo, debido al paro general convocado por sectores gremiales y sociales. Esta medida, impulsada por la administración nacional, busca garantizar la libre circulación y el mantenimiento del orden público en un contexto de creciente tensión por las políticas económicas que afectan a la provincia.
La principal preocupación de los sectores fueguinos se centra en la eliminación de aranceles a los productos electrónicos, una medida que podría afectar miles de puestos de trabajo en la industria local. Esto ha generado un clima de descontento que se espera se manifieste en una serie de protestas a lo largo del territorio fueguino, especialmente en la Ruta Nacional Nº 3, que conecta la provincia con el resto del país.
El protocolo establece la intervención de fuerzas federales, como la Policía Federal y Gendarmería Nacional, para despejar las rutas bloqueadas sin la necesidad de una orden judicial, aunque se prohibe el uso de armas letales en estos operativos. Además, se contempla que los organizadores de las protestas sean responsables de los costos de los dispositivos de seguridad.
Este despliegue de fuerzas de seguridad ha generado críticas por parte de algunos sectores que advierten sobre los riesgos de un exceso de represión en un contexto social ya golpeado por la crisis económica. Los sindicatos y movimientos sociales de la provincia afirman que el derecho a la protesta debe ser respetado, y que las soluciones a los conflictos laborales y sociales deben pasar por el diálogo y la negociación, no por la criminalización de la protesta.
Con el protocolo antipiquetes activado, la provincia se prepara para una jornada de protesta que promete ser una prueba para el equilibrio entre el derecho a manifestarse y la necesidad de garantizar el orden público en Tierra del Fuego.
