Una denuncia de extrema gravedad ha sacudido los cimientos del Poder Judicial de Tierra del Fuego. Este martes, por orden de la jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo, se realizaron allanamientos simultáneos en el domicilio particular y en el despacho del juez Andrés Leonelli, integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
El operativo fue impulsado a partir de un reporte emitido por organismos internacionales especializados en la detección de contenidos ilegales en internet. Según trascendió, el informe identificó material de abuso sexual infantil almacenado en una cuenta en la nube presuntamente vinculada al magistrado fueguino.
Durante los procedimientos, personal policial incautó una notebook y un teléfono celular pertenecientes a Leonelli. Ambos dispositivos serán sometidos a peritajes informáticos que podrían resultar determinantes para el avance de la causa, ya que permitirán establecer el origen, la naturaleza y posible distribución del material digital detectado.
La investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, no se han dictado medidas de coerción contra el juez. Sin embargo, la imputación —que remite a delitos federales con implicancias internacionales— pone en entredicho su continuidad en el cargo y expone al sistema judicial provincial a una profunda crisis de legitimidad.
Fuentes judiciales indicaron que la situación procesal del magistrado podría definirse en las próximas semanas, una vez concluidos los primeros informes técnicos. Mientras tanto, el caso genera fuerte conmoción pública y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control institucional y la responsabilidad de los funcionarios judiciales.
