Luego de conocerse el reciente informe de la Prefectura Naval Argentina que certifica la seguridad y operatividad del Puerto de Ushuaia hasta el año 2029, se reavivó la discusión en torno a la intervención dispuesta sobre esa terminal marítima.
El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que el documento oficial respalda las condiciones en las que viene funcionando el puerto y pone en cuestión los fundamentos que se habían esgrimido para justificar la medida. Según expresó, las conclusiones técnicas coinciden con los planteos que se venían realizando desde el inicio del conflicto.
En ese marco, el funcionario consideró que los argumentos utilizados para avanzar con la intervención fueron perdiendo sustento con el paso del tiempo. Entre ellos, mencionó las acusaciones sobre presuntos desvíos de fondos, las cuales —afirmó— no pudieron ser comprobadas.
Además, destacó que la operatoria del puerto se mantuvo sin interrupciones durante toda la temporada estival, señalando que no se registraron inconvenientes que pusieran en duda su funcionamiento o condiciones de seguridad.
En relación a la situación actual, también cuestionó la falta de avances visibles en materia de obras o mejoras desde que se implementó la intervención. Según indicó, no se han presentado planes concretos ni procesos de licitación orientados a fortalecer la infraestructura portuaria.
Por otra parte, defendió las acciones realizadas en los últimos años, remarcando que se llevaron adelante inversiones significativas, entre ellas la ampliación del muelle, y que existe una planificación en curso para continuar con el desarrollo del puerto.
Finalmente, Canals adelantó que se encuentran en marcha distintas estrategias legales vinculadas al caso, al considerar que la medida adoptada carecería de fundamentos técnicos sólidos y podría implicar responsabilidades administrativas.
