El esquema de promoción industrial de Tierra del Fuego atraviesa un momento de fuerte transformación a partir de recientes decisiones del Gobierno nacional que modifican sus condiciones históricas de funcionamiento.
Mediante el Decreto 333/2025 y el Decreto 252/2026, se introdujeron cambios que amplían beneficios impositivos y aduaneros a empresas radicadas fuera de la isla. Esta medida representa un giro significativo, ya que reduce la exclusividad que durante décadas posicionó a la provincia como un polo industrial estratégico.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la fecha establecida para su implementación: desde el 17 de junio, firmas del territorio continental podrán acceder a facilidades similares para la importación de insumos y el diferimiento de tributos, herramientas clave que sostenían la competitividad fueguina.
El régimen, sustentado en la Ley 19.640 desde 1972, fue concebido para compensar las desventajas geográficas y fomentar el desarrollo económico en el extremo sur del país. Sin embargo, con estas modificaciones, se abre un nuevo escenario que pone en discusión su rol y alcance.
Referentes del sector industrial advierten que la equiparación de beneficios podría impactar en la radicación de empresas y en los niveles de empleo, al tiempo que anticipan una posible reconfiguración del entramado productivo.
Mientras tanto, el futuro del régimen ingresa en una etapa de incertidumbre, marcada por cambios que reavivan el debate sobre la sostenibilidad del modelo y su importancia para el desarrollo regional.
