El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a poner en la mira el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley 19.640. En su último informe técnico, el organismo considera que este régimen «contribuye a la desigualdad» y solicita su eliminación, argumentando que representa un gasto tributario significativo para el Estado Argentino.
El régimen, vigente desde 1972, otorga beneficios fiscales y aduaneros a empresas radicadas en la provincia, incluyendo exenciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Según estimaciones, el costo fiscal anual de estos beneficios supera los 1.000 millones de dólares.
Desde el FMI, se argumenta que en un contexto de restricciones fiscales, mantener subsidios generosos a productores nacionales no es sostenible, especialmente cuando los beneficios son inciertos. Además, se señala que el régimen beneficia desproporcionadamente a un reducido número de grupos económicos.
Sin embargo, desde el gobierno argentino se ha rechazado la eliminación del régimen. El presidente Javier Milei ha defendido su continuidad, argumentando que eliminarlo podría afectar la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.
El debate sobre el futuro del régimen de Tierra del Fuego plantea interrogantes sobre la equidad fiscal, la eficiencia económica y la soberanía industrial. Mientras el FMI aboga por su eliminación para corregir «privilegios injustificados», el gobierno argentino defiende su continuidad como herramienta de desarrollo regional.
En este contexto, es fundamental analizar si el régimen cumple con sus objetivos de fomentar la industrialización y el empleo en la región, o si se ha convertido en un mecanismo de beneficios concentrados que requiere una revisión profunda.
