La gobernadora Rosana Bertone lamentó la situación de violencia registrada en el exterior de la Planta Orión por el enfrentamiento entre Camioneros y empleados estatales, y planteó la necesidad de poner un límite al accionar de los que llevan adelante protestas gremiales fuera de la ley.
“Es momento de decir ‘hasta acá llegamos’, porque si bien todo el mundo tiene derechos también tiene obligaciones”, expresó la Mandataria, quien aclaró que la gente “puede manifestarse pero no jaquear a toda una sociedad, como se hizo al generar un desabastecimiento de combustible durante todo el día a una ciudad”.
Bertone comentó que en ese marco “habíamos dado instrucciones y trabajado coordinadamente con la Jefatura de Policía, para que a partir de la madrugada se pudiese hacer un operativo, que efectivamente hoy se hizo, para que los camiones de combustible pudiesen recargar las estaciones de servicio de Ushuaia y de Río Grande”.
Precisó que “el operativo se realizó a las 5 de la mañana de este miércoles, con la mayor tranquilidad posible, pensando
siempre que he tenido y tengo una enorme e infinita paciencia ante la comisión de ilícitos, agravios y calumnias”.
Señaló, no obstante, que “hay actitudes que no puedo seguir soportando” y citó por ejemplo “el escrache al ministro (de
Gobierno) Gastón Díaz mientras estaba trabajando y dialogando con los dirigentes de ATE”.
“En ese momento (los estatales) fueron a su casa, donde estaba su mujer sola con dos hijas menores”, cuestionó la
Gobernadora, y recalcó que “he venido evitando todo tipo de enfrentamientos, porque siempre intenté y dije claramente que quiero pacificar esta provincia”.
Aclaró luego que “ésta decisión de evitar todo tipo de enfrentamientos no quiere decir que acá haya un gobierno débil que no va a tomar las acciones que deba tomar” como por ejemplo “con asociaciones sindicales que no están inscriptas de acuerdo a la ley nacional o con situaciones de descuento de los días de paro, que los vamos a seguir realizando en este mes que sigue”, ratificó.
No hubo zona liberada
La Mandataria negó rotundamente que su gobierno haya “liberado” la zona de la Planta Orión y aseveró que “estuvimos en todo momento en contacto con la policía, que estaba cerca” del lugar, e inclusive anotó que “cuando mandamos al camión de bomberos, la gente lo pateaba; como también nos pasó días atrás cuando enviamos la ambulancia para la señora mayor de edad, que finalmente falleció, y que no dejaron ingresar frente a la Casa de Gobierno”.
“Yo llamo a todos a la reflexión, porque si en ese momento mandábamos a 500 policías la situación se iba a complicar aún más”, consideró, “porque creo que lo que están buscando es que los repriman y la Policía no lo va a hacer en mi gestión de gobierno”.
Bertone garantizó que “seguiremos llevando adelante acciones para resguardar el orden en cada una de las ciudades” y que “en algún momento adoptaremos la decisión de desalojar el acampe del exterior de la Casa de Gobierno”.
Con paciencia pero con firmeza
“Vamos a seguir con esta infinita paciencia que tenemos, esperando que reflexionen y dejen de incendiar los ánimos con palabras altisonantes de las que luego no se podrá volver atrás” exhortó, “porque cuando dicen ‘vamos a prender fuego todo’, ‘cortamos la planta Orión para que vuele la ciudad’, ‘prendamos fuego a la ciudad’ o a ‘la casa de Gobierno’, son actitudes que no ayudan en nada a ninguna negociación que pueda encarar el Gobierno”.
Bertone dijo que “si bien queremos evitar los enfrentamientos, también pretendemos que cese el conflicto y se dejen de realizar hechos violentos porque los gremios, como cualquier integrante de la sociedad, deben respetar las normas de convivencia”.
“Ninguna organización sindical puede inducir a sus afiliados a cometer delitos” advirtió, “porque ello pone en riesgo la
vida, la seguridad del resto de la población, viola la paz social; elementos mínimos para una buena convivencia democrática”.
Cuestionó que en Ushuaia, a diferencia de Río Grande, “hay niños que no han tenido un solo día de clases” y recordó
situaciones similares como la de 1992, cuando hubo un paro de 6 meses, con lo cual interpretó que “venimos signados por este tipo de conflictividad”.
A pesar del impedimento para ingresar a la Casa de Gobierno, gracias a la declaración de la Emergencia Administrativa “seguimos trabajando y no vamos a dejar de hacerlo, para resolver la situación que cada fueguino nos plantea, o los proyectos que queremos llevar adelante”, aseveró la Jefa de Estado.
De todos modos, insistió en que “un día de estos vamos a tener que desalojar el acampe del exterior de la Casa de Gobierno” y que por ahora “evaluaremos el mejor momento (para hacerlo), buscando todas las instancias previas de resolución del conflicto”, porque cualquier acción que se emprenda “será dentro del límite de la legalidad”.
“No voy a permitir que se produzca nuevamente el desabastecimiento de combustible, ni un corte de ruta como hicieron (en ocasión de Semana Santa) que generó pérdida de recursos económicos a la sociedad toda”, aseguró.
“El derecho a huelga está garantizado en las constituciones nacional y provincial, pero no cuando es declarada ilegal porque ni siquiera se informa o cuando las supervisoras les dicen a las directoras que no pasen las novedades, cierran las escuelas, o las rompen”, fustigó.
Argumentó en dicha actitud la decisión de “descontar los días de paro, que es una acción que ningún gobierno había aplicado pero nosotros sí lo vamos a hacer, porque alguien tiene que entender que hay un Estado que es responsable por los niños que no van a clases, por los que sí cumplen sus obligaciones pagando impuestos en tiempo y forma, levantándose todos los días a trabajar y cumpliendo un horario; y por los que tampoco pueden hacerlo, porque hay muchísima gente que está intimidada, al igual que los funcionarios a quienes amenazan con romperles la casa o el auto”.
Acusó a “algunos dirigentes sindicales” de querer “vivir en el anarquismo” pero que “nosotros vamos a intentar con infinita paciencia y muchísimo respeto” que todos sean iguales ante la ley.
Una situación insostenible
La Gobernadora explicó que “cuando modificamos las leyes jubilatorias, que parecen ser el centro de la discusión, estábamos pensando que en cinco años de servicios una persona no puede jubilarse por nuestra Caja, como es lo que pasaba”.
“Eso es insostenible” señaló, y dijo que “nosotros ya estábamos girando unos 140 millones en descubierto, en el Banco de la Provincia y a partir de la modificación de Ganancias en Nación se ha modificado la situación económica de la Argentina porque el estado argentino deja de percibir 49 mil millones de pesos que a Tierra del Fuego le significan 180 millones menos, además de la menor cantidad de fondos que llegan en concepto de coparticipación de la soja”.
Resaltó que “cada corrección que la Nación hace en Ganancias, o en la devolución del IVA, se produce un impacto en la economía provincial” y anotó que “si aspiro a que todos puedan cobrar sus salarios y podamos arreglar mejor el cronograma de pago a los jubilados, tenemos que estabilizar el sistema jubilatorio” y destacó que “tenemos esa posibilidad de hacerlo y no vamos a poder continuar con jubilados de 45 años porque la ecuación no cierra”.
“No es un capricho de este Gobierno”
Sostuvo que la extensión del conflicto no tiene que ver “con un capricho de este Gobierno, porque he ido tomando decisiones en las que he podido cambiar de posición cuando he tenido los mecanismos para hacerlo” y que además “no hemos llevado adelante ninguna acción violenta, ni hemos descalificado a los intendentes, ni a los legisladores, ni a los concejales, ni a los sindicalistas”.
“Siempre hemos hablado con el máximo respeto” aseveró, más allá de que “a veces la paciencia pueda interpretarse como una situación de debilidad. Prefiero que se interprete así, porque creo que me asiste la razón y que en el largo plazo las cosas pueden cambiar”.
“Aspiro y tengo un sueño de una provincia absolutamente distinta, en la que cese este nivel de conflictividad” y dijo no
entender “el nivel de irracionalidad con la que los sindicatos llevan adelante sus acciones”.
“No sé si hay otro lugar en la República Argentina donde la conflictividad sea igual y los gremios induzcan a sus afiliados a cometer ilícitos, o que pongan en riesgo la vida de las personas, como ha pasado, al no dejar que ingrese una ambulancia para salvar una vida”. “¿A quién se le puede ocurrir impedir el ingreso de una ambulancia para atender a una persona que sufre una descompensación?”, se preguntó, para recordar que quien necesitaba la atención finalmente falleció, por lo que consideró el hecho como una “acto de perversidad”.
Aclaró que está “acostumbrada a trabajar en las disidencias porque he estado muchísimos años en el Parlamento nacional y he discutido con todas las fuerzas políticas; pero lo hemos hecho en un estado distinto, que muchos podrán comprender o no”.
Ratificó su firme voluntad de no gobernar “un Estado convertido en una oficina que únicamente pague salarios” porque “creo que tenemos que tomar la decisión de resolver los problemas de fondo; pero hay quienes no quieren entender que se puede hacer las cosas de manera distinta”.
“Vivimos en una democracia que nos costó mucho y no se puede impedir el funcionamiento de un gobierno con medidas extorsivas e inconstitucionales” señaló la Mandataria, al tiempo que dejó en claro que “estoy dispuesta a escuchar a todo dirigente sindical, porque aún en medio de ésta situación, los hemos seguido escuchando”.
Destacó la posibilidad de “dialogar con quienes quieren sentarse y tienen una agenda concreta con puntos claros a trabajar” y entre los dirigentes con los cuales aseguró haber tenido conversaciones recientemente citó a Marcelo Córdoba y Felipe Concha (ambos de ATE).
No obstante, alertó que “si no nos ponemos puntos de trabajo concreto nunca se va a resolver la situación” ya que “la resolución no pasa por la derogación de las leyes, ni por la suspensión; porque nosotros tenemos que dar un paso adelante para estabilizar el sistema jubilatorio”.
“Ésta va a ser una situación de la que nos va a costar salir, porque todo lo que se dice no es gratis y cuando hay agravios, por más que sea una persona muy tolerante, a uno le afecta” consideró, a la vez que valoró “el acompañamiento del Vicegobernador y de los legisladores de mi espacio político y de otros espacios, a diferencia de los gobiernos anteriores”.
Bertone pidió a la comunidad que “tengamos paciencia, porque si bien entiendo la situación, el Estado está haciendo todos los esfuerzos para resolver temas que nos permitan soñar con una provincia diferente”.
Cifró sus expectativas en “poder seguir avanzando en los puntos que estamos trabajando con ATE y ver si podemos plasmar eso en un acta con todas las asociaciones que estén dispuestas a firmar la paz social y puntos de trabajo concreto, que pueden ser no sólo lo que se está discutiendo en este momento porque hay asociaciones que plantean cuestiones más puntuales, como condiciones laborales, de infraestructura y demás”.
Derogación de decreto 834
La Gobernadora ratificó su decisión de derogar el decreto 834 de creación del Registro Provincial de entidades sindicales, porque “es una recomendación que nos hizo el Consejo Federal de Trabajo y la hemos estado consultando con el Ministerio de Trabajo de la Nación”, además de que “es algo que me venían planteando muchísimas organizaciones gremiales, tanto durante la campaña electoral, como cuando asumimos en el Gobierno”.
La Mandataria reveló que en principio había analizado la posibilidad “de no derogar” la norma y que los sindicatos “se
adapten para cumplir con la inscripción en el Ministerio de Trabajo de la Nación” a cuyos efectos “dimos un plazo, pero la gran mayoría no se presentó a la cartera laboral de la Provincia”.
“Ahora estamos en condiciones legales para proceder a dar de baja al decreto” confirmó, e indicó que serán “alrededor de diez ‘pseudo entidades sindicales’, porque no tiene inscripción gremial” las afectadas con la medida.
